DARLE PRELACIÓN A LOS PARIENTES CONSANGUÍNEOS FRENTE A LOS CIVILES PARA ASUMIR EL CUIDADO DE UNA PERSONA EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD MENTAL, CONFIGURA UNA DISTINCIÓN ENTRE PARIENTES POR SU ORIGEN FAMILIAR QUE VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD, DEBIDO A QUE NO RESULTA UNA MEDIDA CONDUCENTE E INDISPENSABLE PARA LOGRAR LA FINALIDAD LEGÍTIMA A QUE SE ENCAMINA

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  1. Norma acusada

LEY 1306 DE 2009 (junio 5)

Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados.

ARTÍCULO 6o. LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN. La protección del sujeto con discapacidad mental corresponde y grava a toda la sociedad, pero se ejercerá de manera preferencial por: (…)

b) El cónyuge o compañero o compañera permanente y los demás familiares en orden de proximidad, prefiriendo los ascendientes y colaterales mayores y los parientes consanguíneos a los civiles.”

2. Decisión

Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y los parientes consanguíneos a los civiles”, contenida en el literal b) del artículo 6° de la Ley 1306 de 2009 “Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados”.

3. Síntesis de los fundamentos

Como cuestión previa la Sala descartó la posibilidad de que la norma objeto de estudio hubiera sido derogada de manera orgánica teniendo en cuenta lo dicho por la Sentencia C-336 de 2016.

En el análisis de fondo, la Corte estableció que debía adelantar un juicio integrado de igualdad de carácter estricto, debido a que la disposición demandada había sido acusada de violar el artículo 13 de la Constitución con base en un criterio sospechoso enunciado explícitamente en la Carta: la discriminación por origen familiar.

De este modo, señaló que i) se configura un patrón de comparación, debido a que se trata de dos grupos de parientes: consanguíneos y civiles; ii) el fragmento establece un trato desigual entre iguales, debido a que a pesar de que los parientes consanguíneos y los civiles se encuentren en un plano de igualdad, la norma establece que los primeros tienen prelación sobre los segundos respecto al cuidado de sus familiares con discapacidad mental; iii) examinó si la diferencia de trato estaba constitucionalmente justificada, y encontró; iv) que el objetivo de la medida es ilegítimo, pues pretende establecer un orden escalonado que considera en primer lugar a los parientes consanguíneos y luego a los civiles para asignar el cuidado de sus familiares en situación de discapacidad. Por lo tanto, reiteró que esta finalidad no es legítima, importante ni imperiosa y, por consiguiente, el literal acusado debía declarase inexequible. Además, insistió en que la distinción entre parientes por su origen familiar constituye un medio prohibido expresamente por la Carta, no es efectivamente conducente y mucho menos indispensable, pues existen innumerables alternativas que resultan menos lesivas para los principios y valores constitucionales. Finalmente, decidió integrar normativamente la conjunción “y” que precede el aparte acusado, con el objetivo de mantener el sentido gramatical de la norma.

4. Salvamento y aclaración de voto

El Magistrado Carlos Bernal Pulido, suscribió salvamento de voto en relación con la sentencia de la referencia, la cual declaró inexequible la expresión “y los parientes consanguíneos a los civiles”, contenida en la sección b del artículo 6 de la Ley 1306 de 2009. En su concepto, la disposición demandada no desconoce el principio de igualdad, pues (i) no es irrazonable ni desproporcionado imponer a los parientes consanguíneos el deber de ejercer preferencialmente la función de protección del sujeto con discapacidad mental y (ii) el orden definido en el artículo para el ejercicio de la función de protección “podrá ser modificado por el Juez de Familia cuando convenga a los intereses del afectado” , de conformidad con el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1306 de 2009.

1. No es irrazonable ni desproporcionado imponer a los parientes consanguíneos el deber de ejercer preferencialmente la función de protección del sujeto con discapacidad mental. La sección b del artículo 6 de la Ley 1306 de 2009 fija un orden de prelación en relación con el deber de protección de personas que, según la Constitución, son titulares de garantías reforzadas. Esto no constituye, de manera alguna, un trato irrazonable ni desproporcionado en relación con los parientes civiles ni consanguíneos. De la lectura de la norma y de la exposición de motivos deriva que la disposición demandada solo busca:

“establecer una escala de individuos llamados a prestar la protección requerida, sustitutivos unos de otros, a efecto de que siempre pueda encontrarse alguien encargado de velar por los intereses de la persona en situación de discapacidad” (Gaceta No. 369 de 2007, exposición de motivos ante la Cámara de Representantes).

2. El orden definido en el artículo para el ejercicio de la función de protección “podrá ser modificado por el Juez de Familia cuando convenga a los intereses del afectado”, de conformidad con el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1306 de 2009. La disposición atacada contiene unos criterios para determinar, en la situación concreta, quién ejercerá de manera preferencial el deber de protección de una persona con discapacidad mental. La sentencia concluye equivocadamente que la prelación tiene un carácter definitivo y discriminatorio en contra del parentesco civil, sin embargo, lo cierto es que la disposición solo impone un deber preferencial a los familiares consanguíneos que, en todo caso, puede ser modificado por el Juez de Familia “cuando convenga a los intereses del afectado” (parágrafo del artículo 6, Ley 1306 de 2009).  

Aunque el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo compartió la decisión de inexequibilidad de la expresión normativa demandada, aclaró el voto respecto de un aspecto del test de igualdad que se aplica en sentencia anterior. 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Presidenta


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